El gobierno parece no entender nada de lo que ocurre en el país o, ya convencido que ha sufrido una tremenda derrota y bajo el influjo del estilo “pillín” del hombre de negocios financieros especulativos, intenta obtener algún dividendo de cualquier manera.
El gobierno ha pretendido reducir o tergiversar las demandas estudiantiles y ciudadanas, trata de confundir a la opinión pública, trata de desgastar las movilizaciones. Sin embargo, ni la demonización de las movilización, ni las amenazas de sacar los militares a la calle, ni el cierre de establecimientos educacionales, ni la amenaza de pérdidas del semestre o año escolar, pérdidas de financiamiento, becas y créditos, ni la calificación poética de intransigentes lanzada contra los dirigentes estudiantiles sirven al gobierno, toda vez que la conciencia que se ha alcanzado en el país sobre la necesidad de realizar cambios estructurales es profunda en la sociedad chilena, una nueva ciudadanía ha nacido, que resistirá las presiones de las prácticas políticas tradicionales, y surgirá y resurgirá una y otra vez hasta alcanzar sus objetivos.
Haciendo una interpretación equívoca del sentido de las movilizaciones estudiantiles y ciudadanas de los últimos cuatro meses, la representante local del desaprobado presidente pretende reducir las demandas a los aspectos de “calidad y equidad” del sistema educacional, en circunstancias que las demandas estudiantiles y ciudadanas han sido explicitadas con absoluta claridad por los líderes estudiantiles, y son tremendamente distintas a sólo los aspectos de calidad y equidad del sistema educacional.
En efecto, las ideas fundamentales del movimiento estudiantil y ciudadano consisten en la realización de cambios estructurales en el sistema educacional, que signifiquen el establecimiento de un sistema de educación público, gratuito y de calidad en todos los niveles, concebido como un derecho fundamental de carácter universal, es decir, que comprenda a todos los chilenos y se encuentre consagrado constitucionalmente como un derecho esencial de las personas.
Los líderes del movimiento estudiantil y ciudadano han señalado con absoluta claridad que no se trata de discutir sólo de más becas, menores intereses bancarios y cambio de las municipalidades por otras entidades administradoras, si no que se trata de un cambio paradigmático radical del sistema educacional, se trata de un cambio que implica que la educación deje de ser un negocio, deje de ser un bien de consumo cuyo acceso regula la mano invisible del mercado.
La representante de Piñera debiera escuchar a los chilenos y dejar de repetir majaderamente un discurso minoritario, rechazado expresamente por una gran mayoría nacional que apoya las demandas estudiantiles.
“Lo demás es ideología”, señala la representante local del desaprobado presidente, mostrando que parece que es verdad que el gobierno no entiende nada.
Al respecto, basta recordar que el diccionario de la RAE define ideología como el “conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.”.
Que los aspectos de fondo se diluciden democráticamente en las urnas, señala la representante local de Piñera. Parece que las instrucciones llegan con una semana de atraso, pues el Ministro de Educación se ha visto obligado a discutir los asuntos de fondo, se le cayeron la intención de continuar tramitando proyectos de ley sobre educación en el parlamento, se le cayeron las amenazas de cierre del semestre, de pérdidas de financiamiento, becas y crédito, y deberá iniciar una mesa de diálogo con los dirigentes estudiantiles, con la ley de presupuesto 2012 a la vista, como expresión concreta de las verdaderas convicciones de avanzar en el dialogo.
Si la posición del gobierno fuera la posición que señala la gobernadora, bastaría que se convocara a referéndum para que democráticamente se dirimiera el asunto.
Con todo, la premisa de que en las urnas se resolverían democráticamente los asuntos de fondo, entendiendo que se refiere a las elecciones presidenciales y parlamentarias, tiene el defecto que se propone resolver el asunto en un sistema electoral binominal que tuerce la democracia, distorsionando la voluntad soberana del pueblo, sistema que la derecha defiende y se niega a cambiar por uno proporcional, a fin de continuar profitando de los privilegios que le otorga.
En este mismo sentido, se puede mencionar el bloqueo al proyecto de inscripción automática en los registros electorales por el temor de la elite política nacional frente a los jóvenes, que irrumpen en el sistema demandando cambios estructurales.
A pesar de las distorsiones de la democracia señaladas, y para el evento de que tengan éxito quienes bloquean la inscripción automática, desde ya hago un llamado a los jóvenes a participar e inscribirse en los registros electorales, a fin de elegir Alcaldes y concejales, consejeros regionales, parlamentarios y presidentes, que defiendan verdaderamente las demandas ciudadanas de cambios profundos en el sistema, transformaciones que pongan fin al sistema ultraliberal de educacional, de salud, de previsión, de sociedad impuesto a partir de la segunda mitad de los años 70 por los Chicago boys e impulsado con euforia por los Chacarilla boys que hoy gobiernan el país.
En definitiva, tras sucesivos y continuos desaciertos e ineptitudes, desaprovechando las oportunidades que ha tenido para hacer un buen gobierno, sumido en una desaprobación de un 63% y con un escasísimo apoyo de solo un 22%, a Piñera sólo le resta continuar con su confundido y errático caminar, ya en la senda hacia el fin de su periodo, con pena y sin gloria.
viernes, 30 de septiembre de 2011
lunes, 22 de agosto de 2011
Itinerante parlamentario designado rechaza plebiscito
El parlamentario itinerante, miembro del senado de la república sin mediar elección, rechazó la idea de hacer un plebiscito, según se puede leer de sus declaraciones en ovallehoy.
El era diputado pero desechó la soberanía recibida de los ciudadanos, y que había jurado cumplir, para tomar, por designación a dedo de su partido político, un cargo que es de elección democrática, en una manifestación clara del ejercicio abusivo, antidemocrático y anticonstitucional de las tan criticadas sillas musicales de los anteriores gobiernos.
Se denota el desprecio de la voluntad democrática de las mayorías y la preferencia por defender los privilegios de las minorías, a las que se equipara a las mayorías. A los ciudadanos se les considera pasionales, emocionales, peligrosos, en virtud de todo lo cual se prefiere reemplazarles en el ejercicio de la soberanía.
El itinerante parlamentario designado se opone a la idea de un plebiscito apelando a que nos encontramos frente a asuntos “coyunturales conflictivos” que no corresponde sean resueltos por un plebiscito, expresión de la soberanía que estaría reservado para otro tipo de asuntos, según ejemplifica con diversos casos europeos, que en verdad cuadran perfectamente con la situación en que se encuentra nuestro país.
Se equivoca el parlamentario designado, al igual que se equivoca el gobierno, la contienda educacional en curso no es un asunto coyuntural, las propuestas de los estudiantes, profesores, padres y ciudadano plantean un cambio profundo y completo del actual sistema educacional, que en definitiva cuestiona el conjunto del ordenamiento jurídico constitucional y legal en aspectos fundamentales.
En efecto, las exigencias de fin del lucro en la educación y de reposicionamiento del Estado como proveedor de educación gratuita y de calidad, cuestionan las bases de la institucionalidad y el sistema de derechos fundamentales y su protección dispuestos por la Constitución Política de 1980, y específicamente sus numerales 10 y 11 del artículo 19, sobre el derecho a la educación y libertad de enseñanza.
Los chilenos estamos formulamos un cuestionamiento al sistema educacional ultraliberal impuesto en los oscuros años setenta y ochenta, con lo cual se cuestiona el conjunto del sistema económico neoliberal que inspira la constitución de 1980, toda vez que ese sistema económico ha convertido la educación en una mercancía, ha segregado la sociedad, otorga educación de mala calidad y ha conducido a las familias chilenas al sobreendeudamiento.
La última propuesta formulada por el gobierno demuestra la falta de comprensión sobre la profundidad de los cambios demandados por los chilenos y así mismo muestran la continuidad de las inspiraciones mercantilistas de su enfoque.
El ejecutivo se limita a realizar ofertónes, consistentes en menores tasas de interés para los créditos con aval del estado y más becas, y continúa sin pronunciarse sobre la principal demanda estudiantil y ciudadana de poner término al lucro en la educación, no se pronuncia sobre la calidad de la educación, no la define ni establece estándares que la hagan comprensible.
En materia de financiamiento, el negocio continúa y muy próspero, en atención a que la propuesta del ejecutivo contempla la inyección de recursos a la banca, sostenedores de colegios privados, dueños de universidades y centros de formación técnica por un monto que se estima en mil millones de dólares.
La banca que siempre gana, incluso en las peores crisis, como ha ocurrido durante la crisis financiera mundial que ha comenzado el 2008, en este caso seguirá ganando cerca de un 6% de interés que se encargará el Estado de pagarle, toda vez que el excelente negocio de crédito con aval del estado se basa en una hábil triangulación de dineros en que el Estado compra a los bancos de inmediato el 50% de la cartera de deuda, otorgándoles un premio equivalente a un 30% de rentabilidad promedio, y el otro 50% de la deuda está garantizado por el estado con una tasa de interés real cercana al 6%, sobre UF.-
Nada es gratis en la vida, parafraseó, sin equivocarse, hace unos días el multimillonario presidente para oponerse a la idea de educación gratuita.
La verdad es que Chile tiene recursos suficientes para financiar una gran reforma educacional, que establezca un sistema de educación público gratuito y de calidad, en el marco de un nuevo proyecto de desarrollo social, económico, ecológico y cultural que beneficie a los 17 millones de chilenos.
El financiamiento se encuentra en una reforma tributaria que signifique que las empresas privadas que explotan nuestros recursos naturales, como el cobre, litio, oro y agua, obtengan rentabilidades limitadas a montos razonables, según sus inversiones y riesgo, y el Estado obtenga la rentabilidad que le corresponde como dueño de dichas riquezas, el financiamiento se encuentra en una reforma tributaria que signifique un aumento del impuesto a la renta y un aumento del impuesto a las grandes fortunas, ese 10% de personas que se apropian de gran parte del PIB.
Es probable que por ahora no se realicen modificaciones constitucionales que admitan la idea de realizar plebiscitos para consultar a la ciudadanía sobre aspectos fundamentales para la marcha del país, y los asuntos educacionales en debate queden en las “soberanas” manos del itinerante parlamentario designado. Es probable que, en este momento, la elite política nacional, que domina ampliamente el parlamento y el ejecutivo (gracias a que las minorías se equiparán a las mayorías), no permita abrir una brecha en la institucionalidad por la cual ingrese la participación ciudadana que aspira realizar transformaciones profundas al sistema.
Sin embargo la fuerza y convicción de los chilenos respecto de la necesidad de realizar cambios profundos en el país no será aplacada por quienes se han apropiado de la democracia. Es ineludible, el mañana será de los chilenos que avanzamos a conquistar una vida mejor.
El era diputado pero desechó la soberanía recibida de los ciudadanos, y que había jurado cumplir, para tomar, por designación a dedo de su partido político, un cargo que es de elección democrática, en una manifestación clara del ejercicio abusivo, antidemocrático y anticonstitucional de las tan criticadas sillas musicales de los anteriores gobiernos.
Se denota el desprecio de la voluntad democrática de las mayorías y la preferencia por defender los privilegios de las minorías, a las que se equipara a las mayorías. A los ciudadanos se les considera pasionales, emocionales, peligrosos, en virtud de todo lo cual se prefiere reemplazarles en el ejercicio de la soberanía.
El itinerante parlamentario designado se opone a la idea de un plebiscito apelando a que nos encontramos frente a asuntos “coyunturales conflictivos” que no corresponde sean resueltos por un plebiscito, expresión de la soberanía que estaría reservado para otro tipo de asuntos, según ejemplifica con diversos casos europeos, que en verdad cuadran perfectamente con la situación en que se encuentra nuestro país.
Se equivoca el parlamentario designado, al igual que se equivoca el gobierno, la contienda educacional en curso no es un asunto coyuntural, las propuestas de los estudiantes, profesores, padres y ciudadano plantean un cambio profundo y completo del actual sistema educacional, que en definitiva cuestiona el conjunto del ordenamiento jurídico constitucional y legal en aspectos fundamentales.
En efecto, las exigencias de fin del lucro en la educación y de reposicionamiento del Estado como proveedor de educación gratuita y de calidad, cuestionan las bases de la institucionalidad y el sistema de derechos fundamentales y su protección dispuestos por la Constitución Política de 1980, y específicamente sus numerales 10 y 11 del artículo 19, sobre el derecho a la educación y libertad de enseñanza.
Los chilenos estamos formulamos un cuestionamiento al sistema educacional ultraliberal impuesto en los oscuros años setenta y ochenta, con lo cual se cuestiona el conjunto del sistema económico neoliberal que inspira la constitución de 1980, toda vez que ese sistema económico ha convertido la educación en una mercancía, ha segregado la sociedad, otorga educación de mala calidad y ha conducido a las familias chilenas al sobreendeudamiento.
La última propuesta formulada por el gobierno demuestra la falta de comprensión sobre la profundidad de los cambios demandados por los chilenos y así mismo muestran la continuidad de las inspiraciones mercantilistas de su enfoque.
El ejecutivo se limita a realizar ofertónes, consistentes en menores tasas de interés para los créditos con aval del estado y más becas, y continúa sin pronunciarse sobre la principal demanda estudiantil y ciudadana de poner término al lucro en la educación, no se pronuncia sobre la calidad de la educación, no la define ni establece estándares que la hagan comprensible.
En materia de financiamiento, el negocio continúa y muy próspero, en atención a que la propuesta del ejecutivo contempla la inyección de recursos a la banca, sostenedores de colegios privados, dueños de universidades y centros de formación técnica por un monto que se estima en mil millones de dólares.
La banca que siempre gana, incluso en las peores crisis, como ha ocurrido durante la crisis financiera mundial que ha comenzado el 2008, en este caso seguirá ganando cerca de un 6% de interés que se encargará el Estado de pagarle, toda vez que el excelente negocio de crédito con aval del estado se basa en una hábil triangulación de dineros en que el Estado compra a los bancos de inmediato el 50% de la cartera de deuda, otorgándoles un premio equivalente a un 30% de rentabilidad promedio, y el otro 50% de la deuda está garantizado por el estado con una tasa de interés real cercana al 6%, sobre UF.-
Nada es gratis en la vida, parafraseó, sin equivocarse, hace unos días el multimillonario presidente para oponerse a la idea de educación gratuita.
La verdad es que Chile tiene recursos suficientes para financiar una gran reforma educacional, que establezca un sistema de educación público gratuito y de calidad, en el marco de un nuevo proyecto de desarrollo social, económico, ecológico y cultural que beneficie a los 17 millones de chilenos.
El financiamiento se encuentra en una reforma tributaria que signifique que las empresas privadas que explotan nuestros recursos naturales, como el cobre, litio, oro y agua, obtengan rentabilidades limitadas a montos razonables, según sus inversiones y riesgo, y el Estado obtenga la rentabilidad que le corresponde como dueño de dichas riquezas, el financiamiento se encuentra en una reforma tributaria que signifique un aumento del impuesto a la renta y un aumento del impuesto a las grandes fortunas, ese 10% de personas que se apropian de gran parte del PIB.
Es probable que por ahora no se realicen modificaciones constitucionales que admitan la idea de realizar plebiscitos para consultar a la ciudadanía sobre aspectos fundamentales para la marcha del país, y los asuntos educacionales en debate queden en las “soberanas” manos del itinerante parlamentario designado. Es probable que, en este momento, la elite política nacional, que domina ampliamente el parlamento y el ejecutivo (gracias a que las minorías se equiparán a las mayorías), no permita abrir una brecha en la institucionalidad por la cual ingrese la participación ciudadana que aspira realizar transformaciones profundas al sistema.
Sin embargo la fuerza y convicción de los chilenos respecto de la necesidad de realizar cambios profundos en el país no será aplacada por quienes se han apropiado de la democracia. Es ineludible, el mañana será de los chilenos que avanzamos a conquistar una vida mejor.
jueves, 14 de julio de 2011
EL DOMINIO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LAS ENERGÍAS DEL FUTURO
El neoliberalismo mantiene en serio riesgo la estabilidad mundial, somete a los pueblos, especialmente a los trabajadores, a la desigualdad y las carencias, generando, en definitiva, profundos desequilibrios económicos, sociales, humanos y ecológicos.
Así lo ha demostrado la crisis económica financiera internacional que comienza el año 2008, y que permanece latente hasta la fecha, como se puede apreciar del fracaso en la regulación de los bancos y la actividad financiera, así como del excesivo endeudamiento y déficit fiscal de Europa y de Estados Unidos, sumado a la actual amenaza de aumento de la inflación.
Agravando aun más la situación, el laissez-faire económico y sus consecuentes modos de producción, de consumo y de vida han provocado impactos y desequilibrios medioambientales de tal magnitud que han generado una crisis climática y energética planetaria.
Frente a lo anterior se abre una nueva era en que resulta imprescindible repensar y cambiar. La misión de la izquierda es la de impulsar un profundo cambio del modelo de sociedad que permita imponer nuevos equilibrios, mediante un nuevo proyecto de transformación social, basado en los valores permanentes del socialismo: la igualdad, la justicia social, la libertad, la democracia, pero que, además, logre dar cuenta tanto de las contradicciones del capital y el trabajo como de otras contradicciones y desafíos propios del siglo XXI, como son los que impone la ecología al desarrollo.
La ecología constituye un nuevo aporte al pensamiento de la izquierda, en cuanto también encarna una lectura crítica del capitalismo, en contradicción con el liberalismo y el reino del mercado. La crisis ecológica global y sus consecuencias sociales y económicas, así como la necesidad de contar con un nuevo proyecto portador de soluciones, exige contar con un programa que también considere la transformación ecológica de la economía y de la sociedad.
La incorporación de la ecología en un nuevo proyecto de desarrollo económico y social alternativo al neoliberalismo, implica incorporar en la ecuación al medio ambiente y en particular a los recursos naturales y energías del futuro, de lo cual resulta la necesidad de definir el régimen o estatuto de los mismos.
En consecuencia, el dominio de los recursos naturales y energías del futuro se convierte en un asunto de relevancia fundamental. Al referirnos al dominio los recursos naturales y las energías, debemos hacerlo en dos acepciones del término, por una parte como derecho de propiedad y, por otra parte, como conocimiento, manejo y control.
En nuestro país, el asunto político de mayor trascendencia en la vida nacional lo constituye la decisión sobre el dominio, en cuanto derecho de propiedad, de los recursos naturales estratégicos, particularmente el cobre, el litio, el oro y el agua, y muy especialmente, la obtención de su renta, hoy en manos de empresas privadas, la mayoría extranjeras.
Es fundamental su recuperación, en atención a que dichos bienes pertenecen a todos los chilenos y poseen un valor estratégico y decisivo para que los 17 millones de chilenos alcancen el desarrollo.
La recuperación de nuestras riquezas nacionales para ponerlas al servicio de Chile y los chilenos, debe ubicarse en el corazón de un nuevo programa de transformaciones. La recuperación de nuestro cobre debe ser la principal bandera de lucha de los chilenos. Nuestro país, luego de largos años de lucha, logró la chilenización del cobre y luego, el año 1971, por la unanimidad del Congreso Nacional, a pesar de encontrarnos en un periodo caracterizado por la confrontación, logró nacionalizar el cobre y ponerlo al servicio de Chile, con gran éxito como lo demuestra la importancia fundamental que ha tenido y tiene Codelco Chile para el desarrollo del país. Sin embargo, a partir de 1990 nuevamente los capitales foráneos se apropian de nuestro cobre, llegando a poseer hoy alrededor del 65% de la producción nacional, profitando de rentabilidades extraordinarias y utilidades desproporcionadas, que exceden en mucho una compensación razonable en relación al riesgo y monto de sus inversiones, pagando, además, impuestos por cifras muy inferiores a las que deberían pagar.
Es imperativo el establecimiento de un nuevo régimen para la gran minería del cobre, en virtud del cual el Estado obtenga una parte importante de la renta del cobre, que le corresponden como dueño de las minas, y las empresas mineras limiten sus rentabilidades a montos razonables.
En cuanto al recurso agua, este constituye un bien escaso y estratégico para el desarrollo nacional. Debemos proteger y desarrollar nuestras riquezas hídrica, tanto en cuanto el agua de la red de ríos y embalses, claves para el desarrollo de nuestra agricultura, y fuente de energía hidroeléctrica; en cuanto al agua de nuestro mar territorial, fuente pesquera, acuícola y fuente de energía mareomotriz.
Se debe adoptar un nuevo estatuto jurídico del agua, a partir de los antecedentes jurídicos de la misma, los desafíos de la sociedad contemporánea y una nueva estrategia de desarrollo nacional y regional, que considere una política de recursos naturales y energías estratégicas.
Históricamente el agua ha sido considerada como un bien que pertenece a toda la comunidad. Ya en el antiguo derecho romano, cuyas nociones llegan hasta nuestros días, el agua era considerada un bien extrapatrimonial, es decir, que se encontraban fuera del comercio humano y por ende no era apropiable, respondía a la clasificación de “cosa pública”, esto es, cosas que si bien eran susceptibles de apropiación, por decisión legal se destinaban al uso común. El agua, conforme al Código Civil chileno y al Código de Agua, es un bien nacional de uso público, lo que significa que su uso pertenece a todos los chilenos. No obstante ello, se concede a los particulares su utilización en forma privativa, mediante una concesión de derechos de aprovechamiento, concesión que constituye una autorización graciosa del Estado a un particular sobre bienes públicos para su uso privativo. Esta concesión constituye un bien patrimonial, que goza de reconocimiento y protección constitucional, y que circula “libremente” en el mercado de derechos de agua.
Un nuevo régimen jurídico del agua exige, en primer lugar, poner término a la gratuidad de la entrega y goce de concesiones de aprovechamiento de aguas, cuando su uso o aprovechamiento, por ejemplo, es entregado por el Estado a proyectos de centrales hidroeléctricas y mineros, estableciendo el cobro de una tarifa o impuesto en beneficio público, de manera que quienes se benefician de las aguas que pertenecen a todos los chilenos, retribuyan a la comunidad, mediante el pago de un precio por su uso y goce, considerando la rentabilidad que le corresponde obtener el dueño del recurso natural estratégico, es decir, todos los chilenos, y la rentabilidad razonable que deben obtener el adjudicatario de la concesión. Se debe poner término a la concentración en manos de empresas privadas de los derechos de agua, de manera que éstas vuelvan a dominio público, pudiendo administrarse y reasignarse, según las necesidades y prioridades de un proyecto de desarrollo nacional y regional.
Así mismo, se debe considerar el establecimiento de una institucionalidad que administre un sistema de gestión integral de las cuencas hidrográficas. En la cuenca hidrográfica concurren diversas problemáticas e intereses, esto es, aguas, suelo, ganadería, agricultura, poblamiento humano, medio ambiente, etc., que exigen una visión panóptica que permita administrarlas en forma integral. En atención a la naturaleza pública del agua, las necesidades de bien común y frente a la especulación y concentración a que conduce la asignación del recurso agua por el mercado, resulta imperativo resituar un rol público en la asignación de este recurso escaso y estratégico.
En relación a las necesidades de una política energética, es necesario comenzar por señalar que el dominio de las energías del futuro es de importancia fundamental en el camino al desarrollo y aquí se aplican las dos acepciones de dominio.
En la definición de una política nacional de energías estratégicas debemos decididamente optar por un modelo de desarrollo que anticipe la producción de energías renovables y haga transitar las industrias, la producción y el consumo hacia el uso de tecnologías limpias. Anticiparnos en el uso de energías limpias, acelerando la mutación social ecológica de la economía y de los modos de consumo constituye un desafío de futuro que debemos asumir desde ya.
Desde luego, que para impulsar una política de recursos naturales y energías estratégicas se requiere un nuevo enfoque de las políticas públicas y de inversión de los gobiernos nacional, regionales y locales. Se necesita mayor descentralización, se necesita planificar, nacional y regionalmente, a largo plazo, la generación y uso de las energías, y, muy especialmente se requiere cambiar de lógica exclusivamente económica, incorporando variables ecológicas y sociales en una mirada de futuro.
En este propósito es imperativo y decisivo hacer esfuerzos colectivos como país para impulsar una nueva dinámica portadora de futuro, basada en la investigación y la innovación, en particular la aplicada, dando los medios necesarios a las universidades y Centros de Investigación Regionales para que en conjunto con el las empresas, pongan en marcha proyectos de innovación científica y tecnológica. En nuestras regiones resulta imprescindible constituir Centros de Investigación Científico Tecnológicos, que permitan contribuir a la incorporación de valor agregado a nuestros productos y a desarrollar nuestras enormes riquezas y potencial en energías solar, hidroeléctrica, eólica, mareomotriz.
Un nuevo proyecto de desarrollo debe considerar una política energética que enfrente la necesidad de disminuir los actuales altos costo de la energía y vulnerabilidad del sistema, que amplíe su diversificación e independencia, así como también que contribuya en la lucha por reducir el impacto climático, lucha que pasa en parte importante por el desarrollo de modos de producción más económicos en energías fósiles.
Así mismo, un diseño político institucional en materia ecológica y energética debe considerar la incorporación de una adecuada entidad encargada de la regulación y fiscalidad ecológica, así como considerar medidas tales como la creación de una impuesto o incentivo ecomodulable, según la contaminación provocada o uso de energías limpias o ahorro energético causado.
Finalmente, resulta necesario señalar la conveniencia que el diseño de nuestra política energética y los desafíos científico tecnológicos y de inversión que de ella derivan, se realice en un marco y perspectiva de integración latinoamericana, que permita aprovechar las ventajas del esfuerzo colectivo y de las enormes riquezas complementarias de nuestros pueblos.
Así lo ha demostrado la crisis económica financiera internacional que comienza el año 2008, y que permanece latente hasta la fecha, como se puede apreciar del fracaso en la regulación de los bancos y la actividad financiera, así como del excesivo endeudamiento y déficit fiscal de Europa y de Estados Unidos, sumado a la actual amenaza de aumento de la inflación.
Agravando aun más la situación, el laissez-faire económico y sus consecuentes modos de producción, de consumo y de vida han provocado impactos y desequilibrios medioambientales de tal magnitud que han generado una crisis climática y energética planetaria.
Frente a lo anterior se abre una nueva era en que resulta imprescindible repensar y cambiar. La misión de la izquierda es la de impulsar un profundo cambio del modelo de sociedad que permita imponer nuevos equilibrios, mediante un nuevo proyecto de transformación social, basado en los valores permanentes del socialismo: la igualdad, la justicia social, la libertad, la democracia, pero que, además, logre dar cuenta tanto de las contradicciones del capital y el trabajo como de otras contradicciones y desafíos propios del siglo XXI, como son los que impone la ecología al desarrollo.
La ecología constituye un nuevo aporte al pensamiento de la izquierda, en cuanto también encarna una lectura crítica del capitalismo, en contradicción con el liberalismo y el reino del mercado. La crisis ecológica global y sus consecuencias sociales y económicas, así como la necesidad de contar con un nuevo proyecto portador de soluciones, exige contar con un programa que también considere la transformación ecológica de la economía y de la sociedad.
La incorporación de la ecología en un nuevo proyecto de desarrollo económico y social alternativo al neoliberalismo, implica incorporar en la ecuación al medio ambiente y en particular a los recursos naturales y energías del futuro, de lo cual resulta la necesidad de definir el régimen o estatuto de los mismos.
En consecuencia, el dominio de los recursos naturales y energías del futuro se convierte en un asunto de relevancia fundamental. Al referirnos al dominio los recursos naturales y las energías, debemos hacerlo en dos acepciones del término, por una parte como derecho de propiedad y, por otra parte, como conocimiento, manejo y control.
En nuestro país, el asunto político de mayor trascendencia en la vida nacional lo constituye la decisión sobre el dominio, en cuanto derecho de propiedad, de los recursos naturales estratégicos, particularmente el cobre, el litio, el oro y el agua, y muy especialmente, la obtención de su renta, hoy en manos de empresas privadas, la mayoría extranjeras.
Es fundamental su recuperación, en atención a que dichos bienes pertenecen a todos los chilenos y poseen un valor estratégico y decisivo para que los 17 millones de chilenos alcancen el desarrollo.
La recuperación de nuestras riquezas nacionales para ponerlas al servicio de Chile y los chilenos, debe ubicarse en el corazón de un nuevo programa de transformaciones. La recuperación de nuestro cobre debe ser la principal bandera de lucha de los chilenos. Nuestro país, luego de largos años de lucha, logró la chilenización del cobre y luego, el año 1971, por la unanimidad del Congreso Nacional, a pesar de encontrarnos en un periodo caracterizado por la confrontación, logró nacionalizar el cobre y ponerlo al servicio de Chile, con gran éxito como lo demuestra la importancia fundamental que ha tenido y tiene Codelco Chile para el desarrollo del país. Sin embargo, a partir de 1990 nuevamente los capitales foráneos se apropian de nuestro cobre, llegando a poseer hoy alrededor del 65% de la producción nacional, profitando de rentabilidades extraordinarias y utilidades desproporcionadas, que exceden en mucho una compensación razonable en relación al riesgo y monto de sus inversiones, pagando, además, impuestos por cifras muy inferiores a las que deberían pagar.
Es imperativo el establecimiento de un nuevo régimen para la gran minería del cobre, en virtud del cual el Estado obtenga una parte importante de la renta del cobre, que le corresponden como dueño de las minas, y las empresas mineras limiten sus rentabilidades a montos razonables.
En cuanto al recurso agua, este constituye un bien escaso y estratégico para el desarrollo nacional. Debemos proteger y desarrollar nuestras riquezas hídrica, tanto en cuanto el agua de la red de ríos y embalses, claves para el desarrollo de nuestra agricultura, y fuente de energía hidroeléctrica; en cuanto al agua de nuestro mar territorial, fuente pesquera, acuícola y fuente de energía mareomotriz.
Se debe adoptar un nuevo estatuto jurídico del agua, a partir de los antecedentes jurídicos de la misma, los desafíos de la sociedad contemporánea y una nueva estrategia de desarrollo nacional y regional, que considere una política de recursos naturales y energías estratégicas.
Históricamente el agua ha sido considerada como un bien que pertenece a toda la comunidad. Ya en el antiguo derecho romano, cuyas nociones llegan hasta nuestros días, el agua era considerada un bien extrapatrimonial, es decir, que se encontraban fuera del comercio humano y por ende no era apropiable, respondía a la clasificación de “cosa pública”, esto es, cosas que si bien eran susceptibles de apropiación, por decisión legal se destinaban al uso común. El agua, conforme al Código Civil chileno y al Código de Agua, es un bien nacional de uso público, lo que significa que su uso pertenece a todos los chilenos. No obstante ello, se concede a los particulares su utilización en forma privativa, mediante una concesión de derechos de aprovechamiento, concesión que constituye una autorización graciosa del Estado a un particular sobre bienes públicos para su uso privativo. Esta concesión constituye un bien patrimonial, que goza de reconocimiento y protección constitucional, y que circula “libremente” en el mercado de derechos de agua.
Un nuevo régimen jurídico del agua exige, en primer lugar, poner término a la gratuidad de la entrega y goce de concesiones de aprovechamiento de aguas, cuando su uso o aprovechamiento, por ejemplo, es entregado por el Estado a proyectos de centrales hidroeléctricas y mineros, estableciendo el cobro de una tarifa o impuesto en beneficio público, de manera que quienes se benefician de las aguas que pertenecen a todos los chilenos, retribuyan a la comunidad, mediante el pago de un precio por su uso y goce, considerando la rentabilidad que le corresponde obtener el dueño del recurso natural estratégico, es decir, todos los chilenos, y la rentabilidad razonable que deben obtener el adjudicatario de la concesión. Se debe poner término a la concentración en manos de empresas privadas de los derechos de agua, de manera que éstas vuelvan a dominio público, pudiendo administrarse y reasignarse, según las necesidades y prioridades de un proyecto de desarrollo nacional y regional.
Así mismo, se debe considerar el establecimiento de una institucionalidad que administre un sistema de gestión integral de las cuencas hidrográficas. En la cuenca hidrográfica concurren diversas problemáticas e intereses, esto es, aguas, suelo, ganadería, agricultura, poblamiento humano, medio ambiente, etc., que exigen una visión panóptica que permita administrarlas en forma integral. En atención a la naturaleza pública del agua, las necesidades de bien común y frente a la especulación y concentración a que conduce la asignación del recurso agua por el mercado, resulta imperativo resituar un rol público en la asignación de este recurso escaso y estratégico.
En relación a las necesidades de una política energética, es necesario comenzar por señalar que el dominio de las energías del futuro es de importancia fundamental en el camino al desarrollo y aquí se aplican las dos acepciones de dominio.
En la definición de una política nacional de energías estratégicas debemos decididamente optar por un modelo de desarrollo que anticipe la producción de energías renovables y haga transitar las industrias, la producción y el consumo hacia el uso de tecnologías limpias. Anticiparnos en el uso de energías limpias, acelerando la mutación social ecológica de la economía y de los modos de consumo constituye un desafío de futuro que debemos asumir desde ya.
Desde luego, que para impulsar una política de recursos naturales y energías estratégicas se requiere un nuevo enfoque de las políticas públicas y de inversión de los gobiernos nacional, regionales y locales. Se necesita mayor descentralización, se necesita planificar, nacional y regionalmente, a largo plazo, la generación y uso de las energías, y, muy especialmente se requiere cambiar de lógica exclusivamente económica, incorporando variables ecológicas y sociales en una mirada de futuro.
En este propósito es imperativo y decisivo hacer esfuerzos colectivos como país para impulsar una nueva dinámica portadora de futuro, basada en la investigación y la innovación, en particular la aplicada, dando los medios necesarios a las universidades y Centros de Investigación Regionales para que en conjunto con el las empresas, pongan en marcha proyectos de innovación científica y tecnológica. En nuestras regiones resulta imprescindible constituir Centros de Investigación Científico Tecnológicos, que permitan contribuir a la incorporación de valor agregado a nuestros productos y a desarrollar nuestras enormes riquezas y potencial en energías solar, hidroeléctrica, eólica, mareomotriz.
Un nuevo proyecto de desarrollo debe considerar una política energética que enfrente la necesidad de disminuir los actuales altos costo de la energía y vulnerabilidad del sistema, que amplíe su diversificación e independencia, así como también que contribuya en la lucha por reducir el impacto climático, lucha que pasa en parte importante por el desarrollo de modos de producción más económicos en energías fósiles.
Así mismo, un diseño político institucional en materia ecológica y energética debe considerar la incorporación de una adecuada entidad encargada de la regulación y fiscalidad ecológica, así como considerar medidas tales como la creación de una impuesto o incentivo ecomodulable, según la contaminación provocada o uso de energías limpias o ahorro energético causado.
Finalmente, resulta necesario señalar la conveniencia que el diseño de nuestra política energética y los desafíos científico tecnológicos y de inversión que de ella derivan, se realice en un marco y perspectiva de integración latinoamericana, que permita aprovechar las ventajas del esfuerzo colectivo y de las enormes riquezas complementarias de nuestros pueblos.
CHILE DICE BASTA
Chile dice basta y se suceden diversas movilizaciones por reivindicaciones sociales, ecológicas, económicas y políticas.
A las luchas de los estudiantes y profesores por una educación sin lucro, pública, gratuita y de calidad adhieren cientos de miles de chilenos; se manifiestan masivamente los ciudadanos contra las políticas y proyectos medioambientales insustentables; se movilizan ciudadades completas en defensa de su futuro, como Punta Arenas y hace unos días Calama; se comienzan a levantar los trabajadores, los subcontratados de El Teniente mantienen una larga huelga, los portuarios de Iquique y otros puertos luchan por sus derechos, los trabajadores de Codelco realizan una histórica paralización de actividades contra la vulneración de conquistas históricas de los trabajadores y las políticas privatizadoras de la nueva administración.
Compartiendo una de las características de las revoluciones que se han desarrollado durante este año en el mundo, el movimiento social, de trabajadores, estudiantes y ciudadanos chilenos se plantea en una perspectiva de lucha contra el “régimen”.
Las demandas ciudadanas apuntan a una transformación profunda del sistema, se plantean en perspectiva claramente antineoliberal, aspirando a una redistribución de la riqueza nacional en beneficio de los 17 millones de chilenos, en lugar de continuar permitiendo su apropiación por conglomerados de empresas extranjeras y nacionales. Así, las demandas meramente sectoriales se comienzan a encuadrar en un nuevo proyecto de profundas transformaciones sociales, ecológicas, económicas, culturales y políticas.
En efecto, los chilenos estamos diciendo basta de lucro en la educación, en la salud y en la previsión social, basta al lucro de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales que se enriquecen a costa de nuestros recursos naturales, como el cobre, a costa de la especulación, la colusión, el sobreendeudamiento y el engaño financiero, como en los casos de colusión de las farmacias y ahora La Polar. Y así también, desde el punto de vista político, los chilenos estamos manifestándonos a favor de una Asamblea Constituyente que formule una nueva Constitución Política de la República.
Las movilizaciones de los ciudadanos están abriendo un nuevo periodo político que debiera permitir desarrollar el ineludible debate que debe desarrollar el país de cara a los desafíos de esta nueva era mundial y nacional, el cual debiera culminar en un nuevo pacto social y político nacional.
El camino no es fácil, al igual que en las revoluciones de Egipto y Tunez, la elite política nacional enquistada en el poder se resiste frente a los ciudadanos movilizados que luchan por los cambios profundos al régimen.
Los partidos políticos, de derecha e izquierda, han sido evidentemente sobrepasados por los ciudadanos, no logran representar las demandas de los chilenos y más aun, en muchos casos sus dirigentes son despreciados. Las recientes encuestas CERC y ADIMARCK ratifican la enorme y creciente desaprobación y disminución de la aprobación del gobierno, de la oposición, de la Concertación y de la Coalición por el Cambio, de los Diputados y Senadores.
Sin embargo la custionada elite política nacional detenta el poder y se aferra a él, intenta contener las movilizaciones procurando encausarlas en la institucionalidad, en el parlamento, de manera que los asuntos vuelvan a sus soberanas manos.
Las respuestas institucionales apuntan a realizar cambios en el sistema político mejorando la representación y participación, por la vía de cambios al sistema binominal y al sistema de plebiscitos y consultas.
Así, una de las llaves institucionales que podría abrir el camino de cambio en el sistema político vigente lo constituye la idea de plebiscitar determinados asuntos esenciales para la marcha del país. Por cierto que, por su carácter transformador del régimen vigente, las consultas fundamentales en materia económica y política serían: ¿está a favor de la renacionalización de nuestro cobre? ¿está a favor de elegir una asamblea constituyente que dicte una nueva Constitución Política de la República?
Sin embargo, aun estamos muy lejos de esta situación, las condiciones sociales y políticas, la fuerza y dirección de los movimientos sociales en lucha aun son insuficientes para provocar transformaciones profundas del régimen, aun cuando goza de virtudes y se dan condiciones que podrían permitirle desplegarse con éxito aprovechando la oportunidad que está abriendo con su lucha.
A las luchas de los estudiantes y profesores por una educación sin lucro, pública, gratuita y de calidad adhieren cientos de miles de chilenos; se manifiestan masivamente los ciudadanos contra las políticas y proyectos medioambientales insustentables; se movilizan ciudadades completas en defensa de su futuro, como Punta Arenas y hace unos días Calama; se comienzan a levantar los trabajadores, los subcontratados de El Teniente mantienen una larga huelga, los portuarios de Iquique y otros puertos luchan por sus derechos, los trabajadores de Codelco realizan una histórica paralización de actividades contra la vulneración de conquistas históricas de los trabajadores y las políticas privatizadoras de la nueva administración.
Compartiendo una de las características de las revoluciones que se han desarrollado durante este año en el mundo, el movimiento social, de trabajadores, estudiantes y ciudadanos chilenos se plantea en una perspectiva de lucha contra el “régimen”.
Las demandas ciudadanas apuntan a una transformación profunda del sistema, se plantean en perspectiva claramente antineoliberal, aspirando a una redistribución de la riqueza nacional en beneficio de los 17 millones de chilenos, en lugar de continuar permitiendo su apropiación por conglomerados de empresas extranjeras y nacionales. Así, las demandas meramente sectoriales se comienzan a encuadrar en un nuevo proyecto de profundas transformaciones sociales, ecológicas, económicas, culturales y políticas.
En efecto, los chilenos estamos diciendo basta de lucro en la educación, en la salud y en la previsión social, basta al lucro de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales que se enriquecen a costa de nuestros recursos naturales, como el cobre, a costa de la especulación, la colusión, el sobreendeudamiento y el engaño financiero, como en los casos de colusión de las farmacias y ahora La Polar. Y así también, desde el punto de vista político, los chilenos estamos manifestándonos a favor de una Asamblea Constituyente que formule una nueva Constitución Política de la República.
Las movilizaciones de los ciudadanos están abriendo un nuevo periodo político que debiera permitir desarrollar el ineludible debate que debe desarrollar el país de cara a los desafíos de esta nueva era mundial y nacional, el cual debiera culminar en un nuevo pacto social y político nacional.
El camino no es fácil, al igual que en las revoluciones de Egipto y Tunez, la elite política nacional enquistada en el poder se resiste frente a los ciudadanos movilizados que luchan por los cambios profundos al régimen.
Los partidos políticos, de derecha e izquierda, han sido evidentemente sobrepasados por los ciudadanos, no logran representar las demandas de los chilenos y más aun, en muchos casos sus dirigentes son despreciados. Las recientes encuestas CERC y ADIMARCK ratifican la enorme y creciente desaprobación y disminución de la aprobación del gobierno, de la oposición, de la Concertación y de la Coalición por el Cambio, de los Diputados y Senadores.
Sin embargo la custionada elite política nacional detenta el poder y se aferra a él, intenta contener las movilizaciones procurando encausarlas en la institucionalidad, en el parlamento, de manera que los asuntos vuelvan a sus soberanas manos.
Las respuestas institucionales apuntan a realizar cambios en el sistema político mejorando la representación y participación, por la vía de cambios al sistema binominal y al sistema de plebiscitos y consultas.
Así, una de las llaves institucionales que podría abrir el camino de cambio en el sistema político vigente lo constituye la idea de plebiscitar determinados asuntos esenciales para la marcha del país. Por cierto que, por su carácter transformador del régimen vigente, las consultas fundamentales en materia económica y política serían: ¿está a favor de la renacionalización de nuestro cobre? ¿está a favor de elegir una asamblea constituyente que dicte una nueva Constitución Política de la República?
Sin embargo, aun estamos muy lejos de esta situación, las condiciones sociales y políticas, la fuerza y dirección de los movimientos sociales en lucha aun son insuficientes para provocar transformaciones profundas del régimen, aun cuando goza de virtudes y se dan condiciones que podrían permitirle desplegarse con éxito aprovechando la oportunidad que está abriendo con su lucha.
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