Itinerante parlamentario designado rechaza plebiscito

El parlamentario itinerante, miembro del senado de la república sin mediar elección, rechazó la idea de hacer un plebiscito, según se puede leer de sus declaraciones en ovallehoy.
El era diputado pero desechó la soberanía recibida de los ciudadanos, y que había jurado cumplir, para tomar, por designación a dedo de su partido político, un cargo que es de elección democrática, en una manifestación clara del ejercicio abusivo, antidemocrático y anticonstitucional de las tan criticadas sillas musicales de los anteriores gobiernos.
Se denota el desprecio de la voluntad democrática de las mayorías y la preferencia por defender los privilegios de las minorías, a las que se equipara a las mayorías. A los ciudadanos se les considera pasionales, emocionales, peligrosos, en virtud de todo lo cual se prefiere reemplazarles en el ejercicio de la soberanía.
El itinerante parlamentario designado se opone a la idea de un plebiscito apelando a que nos encontramos frente a asuntos “coyunturales conflictivos” que no corresponde sean resueltos por un plebiscito, expresión de la soberanía que estaría reservado para otro tipo de asuntos, según ejemplifica con diversos casos europeos, que en verdad cuadran perfectamente con la situación en que se encuentra nuestro país.
Se equivoca el parlamentario designado, al igual que se equivoca el gobierno, la contienda educacional en curso no es un asunto coyuntural, las propuestas de los estudiantes, profesores, padres y ciudadano plantean un cambio profundo y completo del actual sistema educacional, que en definitiva cuestiona el conjunto del ordenamiento jurídico constitucional y legal en aspectos fundamentales.
En efecto, las exigencias de fin del lucro en la educación y de reposicionamiento del Estado como proveedor de educación gratuita y de calidad, cuestionan las bases de la institucionalidad y el sistema de derechos fundamentales y su protección dispuestos por la Constitución Política de 1980, y específicamente sus numerales 10 y 11 del artículo 19, sobre el derecho a la educación y libertad de enseñanza.
Los chilenos estamos formulamos un cuestionamiento al sistema educacional ultraliberal impuesto en los oscuros años setenta y ochenta, con lo cual se cuestiona el conjunto del sistema económico neoliberal que inspira la constitución de 1980, toda vez que ese sistema económico ha convertido la educación en una mercancía, ha segregado la sociedad, otorga educación de mala calidad y ha conducido a las familias chilenas al sobreendeudamiento.
La última propuesta formulada por el gobierno demuestra la falta de comprensión sobre la profundidad de los cambios demandados por los chilenos y así mismo muestran la continuidad de las inspiraciones mercantilistas de su enfoque.
El ejecutivo se limita a realizar ofertónes, consistentes en menores tasas de interés para los créditos con aval del estado y más becas, y continúa sin pronunciarse sobre la principal demanda estudiantil y ciudadana de poner término al lucro en la educación, no se pronuncia sobre la calidad de la educación, no la define ni establece estándares que la hagan comprensible.
En materia de financiamiento, el negocio continúa y muy próspero, en atención a que la propuesta del ejecutivo contempla la inyección de recursos a la banca, sostenedores de colegios privados, dueños de universidades y centros de formación técnica por un monto que se estima en mil millones de dólares.
La banca que siempre gana, incluso en las peores crisis, como ha ocurrido durante la crisis financiera mundial que ha comenzado el 2008, en este caso seguirá ganando cerca de un 6% de interés que se encargará el Estado de pagarle, toda vez que el excelente negocio de crédito con aval del estado se basa en una hábil triangulación de dineros en que el Estado compra a los bancos de inmediato el 50% de la cartera de deuda, otorgándoles un premio equivalente a un 30% de rentabilidad promedio, y el otro 50% de la deuda está garantizado por el estado con una tasa de interés real cercana al 6%, sobre UF.-
Nada es gratis en la vida, parafraseó, sin equivocarse, hace unos días el multimillonario presidente para oponerse a la idea de educación gratuita.
La verdad es que Chile tiene recursos suficientes para financiar una gran reforma educacional, que establezca un sistema de educación público gratuito y de calidad, en el marco de un nuevo proyecto de desarrollo social, económico, ecológico y cultural que beneficie a los 17 millones de chilenos.
El financiamiento se encuentra en una reforma tributaria que signifique que las empresas privadas que explotan nuestros recursos naturales, como el cobre, litio, oro y agua, obtengan rentabilidades limitadas a montos razonables, según sus inversiones y riesgo, y el Estado obtenga la rentabilidad que le corresponde como dueño de dichas riquezas, el financiamiento se encuentra en una reforma tributaria que signifique un aumento del impuesto a la renta y un aumento del impuesto a las grandes fortunas, ese 10% de personas que se apropian de gran parte del PIB.
Es probable que por ahora no se realicen modificaciones constitucionales que admitan la idea de realizar plebiscitos para consultar a la ciudadanía sobre aspectos fundamentales para la marcha del país, y los asuntos educacionales en debate queden en las “soberanas” manos del itinerante parlamentario designado. Es probable que, en este momento, la elite política nacional, que domina ampliamente el parlamento y el ejecutivo (gracias a que las minorías se equiparán a las mayorías), no permita abrir una brecha en la institucionalidad por la cual ingrese la participación ciudadana que aspira realizar transformaciones profundas al sistema.
Sin embargo la fuerza y convicción de los chilenos respecto de la necesidad de realizar cambios profundos en el país no será aplacada por quienes se han apropiado de la democracia. Es ineludible, el mañana será de los chilenos que avanzamos a conquistar una vida mejor.