sábado, 30 de mayo de 2009
viernes, 22 de mayo de 2009
Consulta Ciudadana Para Definir Futuro del Puerto de Coquimbo
Viernes 22 de Mayo
20:48:50 RSS
Diario el Día - Online
La Serena - Coquimbo
Plantean consulta ciudadana sobre futuro del puerto de Coquimbo
Candidato rechazó la concentración y monopolio que significa la entrega de las operaciones del puerto a sólo una empresa
Una consulta ciudadana propuso el abogado Carlos Fuentealba (PS) para definir el futuro del puerto de Coquimbo ante su eventual privatización.
El candidato a diputado por el Octavo Distrito señaló que apoya al puerto de Coquimbo pero como una empresa pública.
“Estimo fundamental que la Empresa Portuaria de Coquimbo realice las inversiones que permitan ampliar el frente de atraque del puerto e impulse la aplicación de una política especial dirigida a aumentar la recalada de cruceros.
Sin embargo, rechazó la concentración y monopolio que significa la entrega de las operaciones del puerto a sólo una empresa.
“La región necesita un rol activo del Estado, en este caso en la actividad portuaria, que permita una orientación especial en el desarrollo integral de la región. Los ciudadanos conocemos muy bien lo que ocurre con la concentración económica y los monopolios, lo vivimos en las farmacias, en el transporte interurbano, en los servicios básicos, en ciertas áreas de la salud, etc.
“Una decisión trascendental, que implica en definitiva la privatización del puerto de Coquimbo, debe ser consultada a los coquimbanos y la región toda, razón por la cual postulo la realización de una gran consulta y discusión ciudadana regional, que transparente las diferentes opciones”, concluye.
20:48:50 RSS
Diario el Día - Online
La Serena - Coquimbo
Plantean consulta ciudadana sobre futuro del puerto de Coquimbo
Candidato rechazó la concentración y monopolio que significa la entrega de las operaciones del puerto a sólo una empresa
Una consulta ciudadana propuso el abogado Carlos Fuentealba (PS) para definir el futuro del puerto de Coquimbo ante su eventual privatización.
El candidato a diputado por el Octavo Distrito señaló que apoya al puerto de Coquimbo pero como una empresa pública.
“Estimo fundamental que la Empresa Portuaria de Coquimbo realice las inversiones que permitan ampliar el frente de atraque del puerto e impulse la aplicación de una política especial dirigida a aumentar la recalada de cruceros.
Sin embargo, rechazó la concentración y monopolio que significa la entrega de las operaciones del puerto a sólo una empresa.
“La región necesita un rol activo del Estado, en este caso en la actividad portuaria, que permita una orientación especial en el desarrollo integral de la región. Los ciudadanos conocemos muy bien lo que ocurre con la concentración económica y los monopolios, lo vivimos en las farmacias, en el transporte interurbano, en los servicios básicos, en ciertas áreas de la salud, etc.
“Una decisión trascendental, que implica en definitiva la privatización del puerto de Coquimbo, debe ser consultada a los coquimbanos y la región toda, razón por la cual postulo la realización de una gran consulta y discusión ciudadana regional, que transparente las diferentes opciones”, concluye.
miércoles, 20 de mayo de 2009
Fortalecimiento del Caracter Público del Puerto de Coquimbo
Apoyo al Puerto de Coquimbo y su carácter de empresa pública
Estimo fundamental que la Empresa Portuaria de Coquimbo realice las inversiones que permitan Ampliar el Frente de Atraque del Puerto de Coquimbo e impulse la aplicación de una política especial dirigida a aumentar la recalada de cruceros.
Rechazo la concentración y monopolio que significa la entrega de las operaciones del puerto a sólo una empresa.
La región necesita un rol activo del Estado, en este caso en la actividad portuaria, que permita una orientación especial en el desarrollo integral de la Región. Los ciudadanos conocemos muy bien lo que ocurre con la concentración económica y los monopolios, lo vivimos en las farmacias, en el transporte interurbano, en los servicios básicos, en ciertas áreas de la salud, etc.Una decisión trascendental, que implica en definitiva la privatización del Puerto de Coquimbo, debe ser consultada a los Coquimbanos y la Región toda, razón por la cual postulo la realización de una gran consulta y discusión ciudadana regional, que transparente las diferentes opciones.
Estimo fundamental que la Empresa Portuaria de Coquimbo realice las inversiones que permitan Ampliar el Frente de Atraque del Puerto de Coquimbo e impulse la aplicación de una política especial dirigida a aumentar la recalada de cruceros.
Rechazo la concentración y monopolio que significa la entrega de las operaciones del puerto a sólo una empresa.
La región necesita un rol activo del Estado, en este caso en la actividad portuaria, que permita una orientación especial en el desarrollo integral de la Región. Los ciudadanos conocemos muy bien lo que ocurre con la concentración económica y los monopolios, lo vivimos en las farmacias, en el transporte interurbano, en los servicios básicos, en ciertas áreas de la salud, etc.Una decisión trascendental, que implica en definitiva la privatización del Puerto de Coquimbo, debe ser consultada a los Coquimbanos y la Región toda, razón por la cual postulo la realización de una gran consulta y discusión ciudadana regional, que transparente las diferentes opciones.
lunes, 18 de mayo de 2009
HUELGA DE PROFESORES POR PAGO DE SUBVENCION ADICIONAL ESPECIAL ADEUDADA
Solidarizo y apoyo la huelga que realizan los profesores por el pago de la Subvención Adicional Especial (SAE) que se les adeuda.
Los municipios a quienes el Ministerio de Educación traspasó los fondos para pagar la Subvención Adicional Especial deben cumplir su obligación y pagar, deben dar cumplimiento a sus obligaciones de buena y proba administración y destinar los fondos públicos a los fines a que están afectos. Desde luego, no corresponde que los municipios ofrezcan pagar en forma parcial y en cuotas.
Si los municipios destinaron a fines distintos los fondos públicos que recibieron del Ministerio de Educación para pagar a los profesores la SAE, podría ser constitutivo de infracciones que acarrearían responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales.
Los órganos del Estado son los primeros que deben conducirse en conformidad a la ley. Resulta del todo inadmisible que los entes de la administración del Estado no cumplan con sus obligaciones, en este caso con la obligación de pagar las remuneraciones de los trabajadores, como es la Subvención Adicional Especial. Los profesores ya tienen la triste experiencia derivada de la deuda histórica que se mantiene con ellos por el traspaso de la educación a los municipios.
Este conflicto actualiza la necesidad de realizar cambios sustantivos que transformen profundamente la educación y esto implica establecer una administración eficiente de la educación, así como también requiere que el Estado otorgue mayor respeto a sus profesores, que se les paguen buenos sueldos y otorguen oportunidades de formación, perfeccionamiento y capacitación de calidad, tanto nacional como internacional.
Carlos Fuentealba M.
abogado
Candidato a Diputado Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado
Solidarizo y apoyo la huelga que realizan los profesores por el pago de la Subvención Adicional Especial (SAE) que se les adeuda.
Los municipios a quienes el Ministerio de Educación traspasó los fondos para pagar la Subvención Adicional Especial deben cumplir su obligación y pagar, deben dar cumplimiento a sus obligaciones de buena y proba administración y destinar los fondos públicos a los fines a que están afectos. Desde luego, no corresponde que los municipios ofrezcan pagar en forma parcial y en cuotas.
Si los municipios destinaron a fines distintos los fondos públicos que recibieron del Ministerio de Educación para pagar a los profesores la SAE, podría ser constitutivo de infracciones que acarrearían responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales.
Los órganos del Estado son los primeros que deben conducirse en conformidad a la ley. Resulta del todo inadmisible que los entes de la administración del Estado no cumplan con sus obligaciones, en este caso con la obligación de pagar las remuneraciones de los trabajadores, como es la Subvención Adicional Especial. Los profesores ya tienen la triste experiencia derivada de la deuda histórica que se mantiene con ellos por el traspaso de la educación a los municipios.
Este conflicto actualiza la necesidad de realizar cambios sustantivos que transformen profundamente la educación y esto implica establecer una administración eficiente de la educación, así como también requiere que el Estado otorgue mayor respeto a sus profesores, que se les paguen buenos sueldos y otorguen oportunidades de formación, perfeccionamiento y capacitación de calidad, tanto nacional como internacional.
Carlos Fuentealba M.
abogado
Candidato a Diputado Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado
viernes, 8 de mayo de 2009
El precandidato a diputado que irrumpe como alternativa en el Distrito 8
En Diario Electrónico Ovalle Hoy, domingo, 26 de abril de 2009
"A muchos los muros rayados con su apellido aparecidos en los últimos días en distintos puntos de la ciudad han sorprendido“¿Quién es Fuentealba 2009?”, pregunta, por ejemplo, un lector, a través de internet.
Otros en cambio lo han confundido con un parlamentario del Distrito 9, Renán Fuentealba Vildósola, cuya oficina se ha apresurado en hacer una aclaración al respecto.
Entonces tal vez habría que preguntar, como en ese clásico programa de la televisión “Cuanto sabe Usted?”, en el que su conductor Enrique Bravo Menadier convocaba finalmente a los participantes: ¿Quien es usted realmente Fuentealba?
Primero que nada, explicar que se trata de uno de los seis precandidatos a Diputado que tiene el Partido Socialista en el distrito 8.
El mismo aspirante al Congreso se encarga de responder el resto.
Carlos Fuentealba Maldonado, nació en 1966 en Ovalle, estudió en la Escuela Básica de La Paloma, en la antigua Escuela N° 1 de Ovalle y en el Liceo de Hombres de esta ciudad.
Abogado de la Universidad de Chile, con Post título en Derecho Público, de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y Post título en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad de la República Oriental de Uruguay.
Ex Fiscal del Instituto de Normalización Previsional, ex Jefe de Gabinete de la Subsecretaría del Trabajo.
Abogado especializado en materias de registro y patente de productos farmacéuticos, Derecho Público y Derecho del Trabajo y Seguridad Social, asesora a importantes compañías del área salud y minería, así como a entidades sindicales.“Es decir - asegura una fuente de su comando - posee un perfil profesional y atributos políticos altamente calificados para los requerimientos parlamentarios, especialmente para representar y defender, leal y correctamente, a la ciudadanía de Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado”.
RENOVAR LA POLITICA
“Con Carlos Fuentealba, renovemos la política, con votar no basta.
Es tiempo de cambiar. En democracia, los ciudadanos deben ser escuchados, valorados y respetados; Chile necesita una política de proximidad, donde los grandes temas surjan de la gente, y no de la farándula, en que la participación no se agota en el acto de votar, sino que los ciudadanos participen activa y continuamente impulsando sus proyectos, anhelos y demandas. ¡UN OVALLINO AL PARLAMENTO!, agrega una proclama del postulante.
Asimismo agregan un programa social y de desarrollo para el distrito, que contiene siete ejes fundamentales.
1. EMPLEO: “ Hacia una productividad humanamente sustentable, con valores del Trabajo Digno, a re-dinamizar la fuerza del país y de la región” .
2. SEGURIDAD SOCIAL: “Trabajar más en el sistema de garantía pública de protección social”
3. DESARROLLO REGIONAL: “Dinamizar la región apoyando con urgencia inversiones y creación de infraestructura imprescindibles para el desarrollo regional.”
4. EDUCACIÓN – EDUCACIÓN SUPERIOR: “ Restablecer el derecho fundamental de una educación de calidad para todos” .
5. INNOVACIÓN: “La Innovación como eje de desarrollo sostenible fundamental”
6. DERECHOS CIUDADANOS: “ Recobrar la vox populi” “ Recobrar la palabra ciudadana”
7. CULTURA Y DEPORTE: “Permitir el acceso para todos a las artes, cultura y los deportes”.
jueves, 7 de mayo de 2009
FUENTEALBA DIPUTADO
FUENTEALBA DIPUTADO
Con Carlos Fuentealba, renovemos la política, con votar no basta.
Es tiempo de cambiar. En democracia, los ciudadanos deben ser escuchados, valorados y respetados; Chile necesita una política de proximidad, que rompa con la brecha entre los ciudadanos y sus representantes en el parlamento y gobierno, donde los grandes temas surjan de la gente, y no de la farándula, en que la participación no se agote en el acto de votar, sino que los ciudadanos intervengan activa y continuamente impulsando sus proyectos, anhelos y demandas.
UN OVALLINO AL PARLAMENTO
Carlos Fuentealba Maldonado, abogado de la Universidad de Chile.
Además de ser hijo de Ovalle, poseo un perfil profesional y atributos políticos altamente calificados para los requerimientos parlamentarios, especialmente para representar y defender, leal y firmemente, a la ciudadanía de Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado.
Nací en Ovalle en 1966.
Estudié en la Escuela Básica de La Paloma, en la Escuela N° 1 de Ovalle y en el Liceo de Hombres A-9 de Ovalle.
Tengo un post título en Derecho Público, de la Universidad Autónoma de Barcelona, España y un post título en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad de la República Oriental de Uruguay.
Me he desempeñado tanto en la administración pública como en el sector privado. En el ámbito público, he sido Fiscal del Instituto de Normalización Previsional, Jefe de Gabinete de la Subsecretaría del Trabajo, Director Jurídico I. M. de Copiapó, Asesor Jurídico I.M. San Joaquín, Asesor Jurídico del SAG Región de Atacama, Consultor del Ministerio de Agricultura y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Como abogado me especializo en Derecho Sanitario, Derecho Público y Derecho del Trabajo y Seguridad Social y asesoro a importantes entidades sindicales y compañías, de la gran minería del cobre y del área salud.
UN PROGRAMA SOCIAL Y DE DESARROLLO DE COQUIMBO, OVALLE Y RIO HURTADO
Aspiro a representar y defender a los ciudadanos en el parlamento y ante el gobierno, estoy al servicio de las demandas y proyectos ciudadanos, con un programa que promueve diversas iniciativas para materializar 7 ejes de desarrollo claves para la Región de Coquimbo y para Chile:
1. EMPLEO: “Hacia una productividad humanamente sustentable. Con valores del Trabajo Digno, ¡ A re-dinamizar la fuerza del país y de la región ¡”
· Fortalecer Plan de Generación de Empleo, impulsar la capacitación de los trabajadores y aplicar sistemas de reconversión laboral.
· Impulsar sueldo digno y aumentar el ingreso mínimo.
· Terminar con el trabajo precario, establecer derechos laborales y previsionales para trabajadores a honorarios de la Administración Pública, así como derecho a negociación colectiva de los funcionarios públicos.
· Impulsar la sindicalización de los trabajadores, la ampliación de la negociación colectiva y el término del reemplazo de trabajadores en huelga.
· Velar por condiciones saludables y seguras de trabajo.
2. SEGURIDAD SOCIAL: “Fortalecer el Sistema de Protección Social impulsado por la Presidenta Michelle Bachelet”
Reformar el Sistema de Salud Público y de Isapre.
Impulsar un sistema de seguridad social solidario.
Suprimir la cotización de 7% en salud para pensionados.
Generar programas de apoyo a mujeres jefas de hogar y a postrados.
3. DESARROLLO REGIONAL: “Dinamizar la región apoyando con urgencia inversiones y creación de infraestructura imprescindibles para el desarrollo regional.”
Ampliar el Frente de Atraque del Puerto de Coquimbo, aplicación de política especial dirigida a aumentar recalada de cruceros.
Ampliar Hospital de Ovalle a la entrega de prestaciones de salud en especialidades, de manera que ovallinos no deban concurrir a Coquimbo y a su vez Hospital de Coquimbo pueda otorgar prestaciones más oportunas.
Construir nueva Ruta Ovalle – La Serena, considerando el desarrollo de las comunidades aledañas.
Desplegar Plan de Inversiones Públicas y Privadas que fomenten el turismo.
Apoyar técnica y financieramente la industrialización e incorporación de valor agregado a nuestras materias primas y productos, como el queso de cabra, frutas, pesca.
Generar plan de apoyo técnico, tecnológico y financiero a la pequeña y mediana Minería.
Legislar nuevo régimen jurídico del agua, que considere un Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas y el pago de derechos por concesión y uso en caso de grandes proyectos. Protección del consumo de la comunidad frente a proyectos de extracción de agua como el de Pan de Azúcar.
Frenar la desertificación apoyando iniciativas de forestación, cuidar el medio ambiente, frenar contaminación del Río Hurtado.
Proveer iluminación en localidades rurales como Lagunilla, Pejerreyes, Aguas Buenas, Las Perdices.
4. EDUCACIÓN – EDUCACIÓN SUPERIOR: “Restablecer el derecho fundamental de una educación de calidad para todos”
Realizar inversiones sustantivas que modifiquen profundamente el sistema educacional público y de investigación científica y tecnológica, permitiendo dar un salto al desarrollo a nuestro país.
Entregar mayor reconocimiento y respeto a nuestros profesores. Mejor formación, perfeccionamiento, capacitación y sueldo para profesores y personal de la educación.
Apoyar un mecanismo de fiscalización sobre los establecimientos educacionales privados y públicos que asegure una educación de calidad para todos y una buena gestión institucional.
5. INNOVACIÓN: “Establecer la Innovación como eje fundamental del desarrollo sostenible regional”
Estrechar las relaciones empresas – universidades / centros de estudio permitiendo llevar el conocimiento científico a la producción local.
Impulsar la Creación de un Centro de Investigación Científica Tecnológica para el Desarrollo Regional Sustentable con líneas de desarrollo como el agua, la desertificación, las energías alternativas, el mejoramiento caprino y ganadero, la industria alimentaria y biotecnologías, pesca, agricultura y minería.
Fomentar la industria de energías alternativas eólicas, marinas, geotérmicas y solares, que potencien el desarrollo de la región.
Fomentar la diversificación de la agricultura y potenciar la comercialización y exportación de materias primas de calidad y con valor añadido.
6. DERECHOS CIUDADANOS: “Recobrar la vox populi, recobrar la palabra ciudadana”
Implementar política de Seguridad Ciudadana que intervenga socialmente barrios, familias y jóvenes, que de seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos. Coordinación entre carabineros, policías de investigaciones con la comunidad.
Impulsar aplicación y respecto a la ley de transparencia.
Fortalecer el sistema de defensa del consumidor y del ciudadano.
7. CULTURA Y DEPORTE: “Abrir las Artes, Cultura y los Deportes a todos”.
Impulsar el desarrollo de centros deportivos y de eventos culturales accesibles para todos.
Desarrollar la Infraestructura destinada a la cultura, deporte, recreación y tiempo libre de niños, jóvenes y familias.
Fomentar y apoyar las iniciativas asociativas, clubes, talleres y agrupaciones
Fomentar la cultura y deportes como ejes de desarrollo e inserción social para jóvenes en dificultades.
Con Carlos Fuentealba, renovemos la política, con votar no basta.
Es tiempo de cambiar. En democracia, los ciudadanos deben ser escuchados, valorados y respetados; Chile necesita una política de proximidad, que rompa con la brecha entre los ciudadanos y sus representantes en el parlamento y gobierno, donde los grandes temas surjan de la gente, y no de la farándula, en que la participación no se agote en el acto de votar, sino que los ciudadanos intervengan activa y continuamente impulsando sus proyectos, anhelos y demandas.
UN OVALLINO AL PARLAMENTO
Carlos Fuentealba Maldonado, abogado de la Universidad de Chile.
Además de ser hijo de Ovalle, poseo un perfil profesional y atributos políticos altamente calificados para los requerimientos parlamentarios, especialmente para representar y defender, leal y firmemente, a la ciudadanía de Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado.
Nací en Ovalle en 1966.
Estudié en la Escuela Básica de La Paloma, en la Escuela N° 1 de Ovalle y en el Liceo de Hombres A-9 de Ovalle.
Tengo un post título en Derecho Público, de la Universidad Autónoma de Barcelona, España y un post título en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad de la República Oriental de Uruguay.
Me he desempeñado tanto en la administración pública como en el sector privado. En el ámbito público, he sido Fiscal del Instituto de Normalización Previsional, Jefe de Gabinete de la Subsecretaría del Trabajo, Director Jurídico I. M. de Copiapó, Asesor Jurídico I.M. San Joaquín, Asesor Jurídico del SAG Región de Atacama, Consultor del Ministerio de Agricultura y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Como abogado me especializo en Derecho Sanitario, Derecho Público y Derecho del Trabajo y Seguridad Social y asesoro a importantes entidades sindicales y compañías, de la gran minería del cobre y del área salud.
UN PROGRAMA SOCIAL Y DE DESARROLLO DE COQUIMBO, OVALLE Y RIO HURTADO
Aspiro a representar y defender a los ciudadanos en el parlamento y ante el gobierno, estoy al servicio de las demandas y proyectos ciudadanos, con un programa que promueve diversas iniciativas para materializar 7 ejes de desarrollo claves para la Región de Coquimbo y para Chile:
1. EMPLEO: “Hacia una productividad humanamente sustentable. Con valores del Trabajo Digno, ¡ A re-dinamizar la fuerza del país y de la región ¡”
· Fortalecer Plan de Generación de Empleo, impulsar la capacitación de los trabajadores y aplicar sistemas de reconversión laboral.
· Impulsar sueldo digno y aumentar el ingreso mínimo.
· Terminar con el trabajo precario, establecer derechos laborales y previsionales para trabajadores a honorarios de la Administración Pública, así como derecho a negociación colectiva de los funcionarios públicos.
· Impulsar la sindicalización de los trabajadores, la ampliación de la negociación colectiva y el término del reemplazo de trabajadores en huelga.
· Velar por condiciones saludables y seguras de trabajo.
2. SEGURIDAD SOCIAL: “Fortalecer el Sistema de Protección Social impulsado por la Presidenta Michelle Bachelet”
Reformar el Sistema de Salud Público y de Isapre.
Impulsar un sistema de seguridad social solidario.
Suprimir la cotización de 7% en salud para pensionados.
Generar programas de apoyo a mujeres jefas de hogar y a postrados.
3. DESARROLLO REGIONAL: “Dinamizar la región apoyando con urgencia inversiones y creación de infraestructura imprescindibles para el desarrollo regional.”
Ampliar el Frente de Atraque del Puerto de Coquimbo, aplicación de política especial dirigida a aumentar recalada de cruceros.
Ampliar Hospital de Ovalle a la entrega de prestaciones de salud en especialidades, de manera que ovallinos no deban concurrir a Coquimbo y a su vez Hospital de Coquimbo pueda otorgar prestaciones más oportunas.
Construir nueva Ruta Ovalle – La Serena, considerando el desarrollo de las comunidades aledañas.
Desplegar Plan de Inversiones Públicas y Privadas que fomenten el turismo.
Apoyar técnica y financieramente la industrialización e incorporación de valor agregado a nuestras materias primas y productos, como el queso de cabra, frutas, pesca.
Generar plan de apoyo técnico, tecnológico y financiero a la pequeña y mediana Minería.
Legislar nuevo régimen jurídico del agua, que considere un Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas y el pago de derechos por concesión y uso en caso de grandes proyectos. Protección del consumo de la comunidad frente a proyectos de extracción de agua como el de Pan de Azúcar.
Frenar la desertificación apoyando iniciativas de forestación, cuidar el medio ambiente, frenar contaminación del Río Hurtado.
Proveer iluminación en localidades rurales como Lagunilla, Pejerreyes, Aguas Buenas, Las Perdices.
4. EDUCACIÓN – EDUCACIÓN SUPERIOR: “Restablecer el derecho fundamental de una educación de calidad para todos”
Realizar inversiones sustantivas que modifiquen profundamente el sistema educacional público y de investigación científica y tecnológica, permitiendo dar un salto al desarrollo a nuestro país.
Entregar mayor reconocimiento y respeto a nuestros profesores. Mejor formación, perfeccionamiento, capacitación y sueldo para profesores y personal de la educación.
Apoyar un mecanismo de fiscalización sobre los establecimientos educacionales privados y públicos que asegure una educación de calidad para todos y una buena gestión institucional.
5. INNOVACIÓN: “Establecer la Innovación como eje fundamental del desarrollo sostenible regional”
Estrechar las relaciones empresas – universidades / centros de estudio permitiendo llevar el conocimiento científico a la producción local.
Impulsar la Creación de un Centro de Investigación Científica Tecnológica para el Desarrollo Regional Sustentable con líneas de desarrollo como el agua, la desertificación, las energías alternativas, el mejoramiento caprino y ganadero, la industria alimentaria y biotecnologías, pesca, agricultura y minería.
Fomentar la industria de energías alternativas eólicas, marinas, geotérmicas y solares, que potencien el desarrollo de la región.
Fomentar la diversificación de la agricultura y potenciar la comercialización y exportación de materias primas de calidad y con valor añadido.
6. DERECHOS CIUDADANOS: “Recobrar la vox populi, recobrar la palabra ciudadana”
Implementar política de Seguridad Ciudadana que intervenga socialmente barrios, familias y jóvenes, que de seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos. Coordinación entre carabineros, policías de investigaciones con la comunidad.
Impulsar aplicación y respecto a la ley de transparencia.
Fortalecer el sistema de defensa del consumidor y del ciudadano.
7. CULTURA Y DEPORTE: “Abrir las Artes, Cultura y los Deportes a todos”.
Impulsar el desarrollo de centros deportivos y de eventos culturales accesibles para todos.
Desarrollar la Infraestructura destinada a la cultura, deporte, recreación y tiempo libre de niños, jóvenes y familias.
Fomentar y apoyar las iniciativas asociativas, clubes, talleres y agrupaciones
Fomentar la cultura y deportes como ejes de desarrollo e inserción social para jóvenes en dificultades.
COMUNIDAD DE PAN DE AZÚCAR V/S EMPRESA MINERA CARMEN
CONFLICTO DE USO DEL AGUA Y NUEVO ESTATUTO JURIDICO DEL AGUA
Carlos Fuentealba Maldonado
La contienda que se desarrolla entre la comunidad de Pan de Azúcar y la Empresa Minera Carmen, por la pretensión de esta última de usar aguas desde el acuífero El Culebrón para impulsar un proyecto denominado Hipógeno, forma parte de una contienda global por el uso del agua, la cual cada día que pasa, por su escasez, se transforma en un bien de valor estratégico para el desarrollo de las naciones.
En nuestro país, el estatuto jurídico del agua forma parte del debate político, ya sea por los diversos proyectos de aprovechamiento del agua, como son los proyectos de centrales hidroeléctricas y de empresas mineras, como por el debate político de cara a las próximas elecciones presidenciales, surgiendo diversas tesis, tales como estatización del agua o su nacionalización.
Al respecto, considero que se debe adoptar un nuevo estatuto jurídico del agua, a partir de los antecedentes jurídicos históricos de la misma, de los desafíos de la sociedad contemporánea y nuestra estrategia de desarrollo nacional y regional.
Históricamente el agua ha sido considerada como un bien que pertenece a toda la comunidad. Ya en el antiguo derecho romano, cuyas nociones llegan hasta nuestros días, el agua era considerada un bien extrapatrimonial, es decir, que se encontraban fuera del comercio humano y por ende no era apropiable, respondía a la clasificación de “cosa pública”, esto es, cosas que si bien eran susceptibles de apropiación, por decisión legal se destinaban al uso común.
El agua, conforme al Código Civil chileno y el Código de Agua, es un bien nacional de uso público, lo que significa que su uso pertenece a toda la nación. No obstante ello, se concede a los particulares su utilización en forma privativa, mediante una concesión de derechos de aprovechamiento, concesión que constituye una autorización graciosa del Estado a un particular sobre bienes públicos para su uso privativo. Este derecho especial, que si bien no confiere derecho de propiedad sobre el agua, confiere las facultades de uso y goce sobre el agua y, a su vez, la concesión es un bien que ingresa al patrimonio del titular gozando de todos los atributos del dominio, esto es uso, goce y disposición; la concesión es gratuita y perpetua en el tiempo. Por su parte la Constitución Política de la República de Chile, en el Artículo 19 N° 24, consagra una garantía constitucional sobre el derecho de propiedad en todas sus formas, y en el inciso final, expresamente garantiza la propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de aguas, otorgando, además, un recurso de protección en caso de un acto u omisión arbitrario o ilegal que cause amenaza, perturbación o privación del derecho.
En nuestra opinión, y a partir de que el agua es indiscutidamente un bien nacional de uso público, esto es, que pertenece a todos los chilenos, y que su uso tiene un valor estratégico para el desarrollo nacional y regional, se deben considerar modificaciones a su estatuto jurídico, siendo las principales las siguientes.
En primer lugar, consideramos que se debe poner término a la gratuidad de la entrega y goce de concesiones de aprovechamiento de aguas, cuando su uso o aprovechamiento es entregado por el Estado a grandes proyectos de centrales hidroeléctricas y mineros, estableciendo el cobro de una tarifa o impuesto en beneficio público, de manera que quienes se benefician de las aguas que pertenecen a todos, retribuyan a la comunidad, mediante el pago de un precio por su uso y goce.
Así mismo, se debe proceder a regular y transparentar el mercado de derechos de aprovechamiento de agua, a partir de la naturaleza pública de dicho bien y las necesidades de bien común, toda vez que actualmente se observa una tendencia a la especulación y concentración, a raíz del traspaso derechos de aprovechamiento de agua de los agricultores pequeños de menor ingreso a los agricultores más grandes.
Se debe establecer la obligación de dar un uso efectivo y beneficioso al agua, y en caso contrario, sancionar con la pérdida de derechos de aprovechamiento, de manera que éstas vuelvan a dominio público, pudiendo administrarse y reasignarse, según las necesidades y prioridades de desarrollo. Para lo cual desde ya debieran catastrarse las concesiones que se encuentran en dicha condición.
Resulta necesario, además, avanzar en el establecimiento de un Sistemas de Gestión Integral de las Cuencas Hidrográficas. Conforme al Código de Agua “la cuenca u hoya hidrográfica de un caudal de aguas la forman todos los afluentes, subafluentes, quebradas, esteros, lagos y lagunas que afluyen a ella en forma continua o discontinua, superficial o subterráneamente”. Se define también como el espacio físico terrestre delimitado por las mayores alturas o elevaciones de la tierra que lo rodean, que drena la totalidad de sus aguas hacia un sector común, con salida a través de un punto único.
En la cuenca hidrográfica concurren diversas problemáticas e intereses, esto es, entre otros, aguas, suelo, ganadería, agricultura, poblamiento humano, medio ambiente, etc.La condición física de las cuencas y los diversos interese que confluyen, exigen una visión diferente de las mismas, para administrarlas en forma integral.
El Código de Agua establece que es posible constituir una junta de vigilancia en las cuencas u hoyas hidrográficas, es decir una organización de usuarios de aguas. Estas Juntas de Vigilancias permiten administrar derechos de aprovechamiento de aguas otorgados en la cuenca, sin embargo carecen de atribuciones para solucionar las controversias que se suscitan, los cuales exceden de la sola administración del aprovechamiento de las aguas, razón por la cual resulta necesario establecer un nuevo sistema de administración integral, que considere adecuadamente las diversas actividades e intereses que concurren en la cuenca, en el marco de una estrategia de desarrollo nacional y regional. Esta administración integral de las cuencas, por ejemplo, debe considerar el establecimiento de un caudal ecológico mínimo, de manera de proteger las cuencas, evitando su agotamiento, y debe considerar mecanismo de solución directa de controversias que se suscitan entre los particulares.
En materia de solución de controversias, en general, se debe estudiar el establecimiento de un sistema especializado de solución de controversias, distinto del actual sistema entregado a la justicia ordinaria, que carece de la especialización técnica para abordar la materia, por la vía de la creación de un sistema administrativo o arbitral especializado.
Como se puede observar, la controversia suscitada entre la comunidad de Pan de Azúcar y la Empresa Minera Carmen, actualiza la necesidad de otorgar un nuevo régimen jurídico del agua, el establecimiento de sistema integral de administración de las cuencas y un adecuado sistema especializado de solución de controversias.
Desde luego, en el estado actual, debemos señalar claramente nuestro apoyo a la comunidad de Pan de Azúcar, Tongoy, Guanaqueros y Andacollo, cuyos intereses, vinculados a las necesidades de consumo humano, desarrollo agrícola, humano y ambiental, deben prevalecer frente a los intereses de un proyecto minero, el cual debe considerar, por cierto, su formulación y ejecución en términos ambiental, social y económicamente sustentables, aspecto que en la especie, no estaría lográndose, razón por la cual la empresa minera Carmen debe modificar su proyecto buscando alternativas distintas de proveerse de agua.
Carlos Fuentealba Maldonado
La contienda que se desarrolla entre la comunidad de Pan de Azúcar y la Empresa Minera Carmen, por la pretensión de esta última de usar aguas desde el acuífero El Culebrón para impulsar un proyecto denominado Hipógeno, forma parte de una contienda global por el uso del agua, la cual cada día que pasa, por su escasez, se transforma en un bien de valor estratégico para el desarrollo de las naciones.
En nuestro país, el estatuto jurídico del agua forma parte del debate político, ya sea por los diversos proyectos de aprovechamiento del agua, como son los proyectos de centrales hidroeléctricas y de empresas mineras, como por el debate político de cara a las próximas elecciones presidenciales, surgiendo diversas tesis, tales como estatización del agua o su nacionalización.
Al respecto, considero que se debe adoptar un nuevo estatuto jurídico del agua, a partir de los antecedentes jurídicos históricos de la misma, de los desafíos de la sociedad contemporánea y nuestra estrategia de desarrollo nacional y regional.
Históricamente el agua ha sido considerada como un bien que pertenece a toda la comunidad. Ya en el antiguo derecho romano, cuyas nociones llegan hasta nuestros días, el agua era considerada un bien extrapatrimonial, es decir, que se encontraban fuera del comercio humano y por ende no era apropiable, respondía a la clasificación de “cosa pública”, esto es, cosas que si bien eran susceptibles de apropiación, por decisión legal se destinaban al uso común.
El agua, conforme al Código Civil chileno y el Código de Agua, es un bien nacional de uso público, lo que significa que su uso pertenece a toda la nación. No obstante ello, se concede a los particulares su utilización en forma privativa, mediante una concesión de derechos de aprovechamiento, concesión que constituye una autorización graciosa del Estado a un particular sobre bienes públicos para su uso privativo. Este derecho especial, que si bien no confiere derecho de propiedad sobre el agua, confiere las facultades de uso y goce sobre el agua y, a su vez, la concesión es un bien que ingresa al patrimonio del titular gozando de todos los atributos del dominio, esto es uso, goce y disposición; la concesión es gratuita y perpetua en el tiempo. Por su parte la Constitución Política de la República de Chile, en el Artículo 19 N° 24, consagra una garantía constitucional sobre el derecho de propiedad en todas sus formas, y en el inciso final, expresamente garantiza la propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de aguas, otorgando, además, un recurso de protección en caso de un acto u omisión arbitrario o ilegal que cause amenaza, perturbación o privación del derecho.
En nuestra opinión, y a partir de que el agua es indiscutidamente un bien nacional de uso público, esto es, que pertenece a todos los chilenos, y que su uso tiene un valor estratégico para el desarrollo nacional y regional, se deben considerar modificaciones a su estatuto jurídico, siendo las principales las siguientes.
En primer lugar, consideramos que se debe poner término a la gratuidad de la entrega y goce de concesiones de aprovechamiento de aguas, cuando su uso o aprovechamiento es entregado por el Estado a grandes proyectos de centrales hidroeléctricas y mineros, estableciendo el cobro de una tarifa o impuesto en beneficio público, de manera que quienes se benefician de las aguas que pertenecen a todos, retribuyan a la comunidad, mediante el pago de un precio por su uso y goce.
Así mismo, se debe proceder a regular y transparentar el mercado de derechos de aprovechamiento de agua, a partir de la naturaleza pública de dicho bien y las necesidades de bien común, toda vez que actualmente se observa una tendencia a la especulación y concentración, a raíz del traspaso derechos de aprovechamiento de agua de los agricultores pequeños de menor ingreso a los agricultores más grandes.
Se debe establecer la obligación de dar un uso efectivo y beneficioso al agua, y en caso contrario, sancionar con la pérdida de derechos de aprovechamiento, de manera que éstas vuelvan a dominio público, pudiendo administrarse y reasignarse, según las necesidades y prioridades de desarrollo. Para lo cual desde ya debieran catastrarse las concesiones que se encuentran en dicha condición.
Resulta necesario, además, avanzar en el establecimiento de un Sistemas de Gestión Integral de las Cuencas Hidrográficas. Conforme al Código de Agua “la cuenca u hoya hidrográfica de un caudal de aguas la forman todos los afluentes, subafluentes, quebradas, esteros, lagos y lagunas que afluyen a ella en forma continua o discontinua, superficial o subterráneamente”. Se define también como el espacio físico terrestre delimitado por las mayores alturas o elevaciones de la tierra que lo rodean, que drena la totalidad de sus aguas hacia un sector común, con salida a través de un punto único.
En la cuenca hidrográfica concurren diversas problemáticas e intereses, esto es, entre otros, aguas, suelo, ganadería, agricultura, poblamiento humano, medio ambiente, etc.La condición física de las cuencas y los diversos interese que confluyen, exigen una visión diferente de las mismas, para administrarlas en forma integral.
El Código de Agua establece que es posible constituir una junta de vigilancia en las cuencas u hoyas hidrográficas, es decir una organización de usuarios de aguas. Estas Juntas de Vigilancias permiten administrar derechos de aprovechamiento de aguas otorgados en la cuenca, sin embargo carecen de atribuciones para solucionar las controversias que se suscitan, los cuales exceden de la sola administración del aprovechamiento de las aguas, razón por la cual resulta necesario establecer un nuevo sistema de administración integral, que considere adecuadamente las diversas actividades e intereses que concurren en la cuenca, en el marco de una estrategia de desarrollo nacional y regional. Esta administración integral de las cuencas, por ejemplo, debe considerar el establecimiento de un caudal ecológico mínimo, de manera de proteger las cuencas, evitando su agotamiento, y debe considerar mecanismo de solución directa de controversias que se suscitan entre los particulares.
En materia de solución de controversias, en general, se debe estudiar el establecimiento de un sistema especializado de solución de controversias, distinto del actual sistema entregado a la justicia ordinaria, que carece de la especialización técnica para abordar la materia, por la vía de la creación de un sistema administrativo o arbitral especializado.
Como se puede observar, la controversia suscitada entre la comunidad de Pan de Azúcar y la Empresa Minera Carmen, actualiza la necesidad de otorgar un nuevo régimen jurídico del agua, el establecimiento de sistema integral de administración de las cuencas y un adecuado sistema especializado de solución de controversias.
Desde luego, en el estado actual, debemos señalar claramente nuestro apoyo a la comunidad de Pan de Azúcar, Tongoy, Guanaqueros y Andacollo, cuyos intereses, vinculados a las necesidades de consumo humano, desarrollo agrícola, humano y ambiental, deben prevalecer frente a los intereses de un proyecto minero, el cual debe considerar, por cierto, su formulación y ejecución en términos ambiental, social y económicamente sustentables, aspecto que en la especie, no estaría lográndose, razón por la cual la empresa minera Carmen debe modificar su proyecto buscando alternativas distintas de proveerse de agua.
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